Yolanda Ramírez, Portavoz de Ciudadanos (C’s) en la Diputación Provincial de Guadalajara.
Con motivo de la visita del Ministro de Justicia Rafael Catalá a la ciudad de Guadalajara para poner la primera piedra de la nueva sede de los Juzgados, la Portavoz del Grupo Ciudadanos (C’s) en la Diputación de Guadalajara, Yolanda Ramírez, ha reconocido la necesidad de una mayor inversión en Justicia en la provinvia que se manifieste tanto en la modernización de las instalaciones judiciales para hacerlas cercanas a los ciudadanos, como también en la creación de nuevos juzgados de Violencia contra la Mujer y Menores.
Ramírez ha manifestado que confía en que esta primera piedra no sea un simple acto pre electoral y sirva de base para asegurar la Justicia que Guadalajara necesita. Así, la Diputada de la formación naranja afirma que la provincia, al igual que el resto de España, requiere de inversión económica en esta materia para hacer de la misma un servicio ágil, moderno y cercano al ciudadano, ya que los juzgados están desbordados, cuestión que redunda en la demora de los expedientes y, además, se trabaja en condiciones inaceptables.
En el caso de Guadalajara, estas condiciones vienen siendo reiteradamente denunciadas por los profesionales que, día a día, trabajan en los diferentes servicios de la administración de Justicia, quienes vienen manifestando durante los últimos 15 años las deficiencias que sufre la sede de los Juzgados de la Provincia.
El Proyecto de Palacio de Justicia, que se plantea para Guadalajara es un paso “pero, a mi modo de ver”, indica Ramírez, “se queda pequeño. Efectivamente, Guadalajara necesita inversión en Justicia, pero el Ministro no se ha pronunciado sobre una posible creación de nuevos juzgados, por ejemplo, especializados en materia de violencia contra la mujer o menores, tan sólo ha declarado que tiene previsto reunificar lo que ya existe, eso sí, con dependencias más modernas. Tampoco ha aclarado qué medidas alternativas se van a adoptar mientras se construya el Palacio de Justicia y su puesta en marcha en 2020”.
Según datos de la memoria de 2014 del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha correspondientes a la Provincia de Guadalajara, de las 560 denuncias realizadas por violencia de género, 542 han sido por lesiones y malos tratos, que han generado 192 órdenes de protección incoadas y 156 aceptadas, lo que supone un 81,25%. Actualmente, continúa Ramírez “es habitual ver señalamientos en toda España a años vista, Juzgados repletos de expedientes, en cualquiera de sus dependencias, falta de recursos materiales y humanos, modificaciones de leyes, de manera continua y falta de presupuestos para afrontar todas las acciones encaminadas a modernizar la Justicia que el Ministro indica que va a implantar en 2016″.
En cuanto al presupuesto que el Ministro ha anunciado que va a dedicar a los Juzgados de Guadalajara, Ramírez considera que es un avance, pero “desde luego, en mi modesta opinión, es un presupuesto escaso para hacer todo aquello que ha anunciado, por lo que lo lógico sería explicar con detalle el proyecto y que se proporcionen los datos y partidas económicas destinadas a cada uno de los apartados de inversión al mismo y los plazos de ejecución por cada ejercicio hasta su finalización”.
En Madrid, “por ejemplo, se ha paralizado la Ciudad de la Justicia. Allí tras poner la primera piedra, se construyó una parte del proyecto y posteriormente se paralizaron las obras. Este proceder ha costado más de 100 millones de euros, existiendo una investigación abierta al respecto, por parte de Ciudadanos. No digo que esto vaya a ocurrir en Guadalajara”, argumenta la Diputada provincial, “pero es importante que este tipo de proyectos se materialicen con transparencia y no se queden en meros actos pre electorales ya que la Justicia, al igual que la Sanidad o la Educación, no deben quedar en papel mojado ni deben ser moneda de cambio de votos, puesto que son pilares de nuestro Estado Social y de Derecho. Además, a la Justicia hay que darle solución a corto plazo, casi de inmediato, y sobre esto nada ha dicho el Ministro”.
Tasas judiciales
Por otra parte, desde el Ministerio “se deberían plantear las Leyes que se aprueban”, indica la Diputada y Portavoz de Ciudadanos, como por ejemplo la tan criticada Ley 10/2012, de 20 de Noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Esta Ley supuso la reimplantación de las tasas judiciales, que han dado lugar a la interposición de numerosos recursos de inconstitucionalidad, a que se planteen numerosas cuestiones de inconstitucionalidad, e instado recursos de amparo de justiciables indefensos, hasta tal punto que la Defensora del Pueblo recomendó su modificación.
Tras las presiones y acciones llevadas a cabo por el sector legal, la oposición política y las quejas de la ciudadanía, esta ley se ha modificado, ya que con las tasas “únicamente se ha dificultado, y en algunos casos, hasta impedido, el acceso a la justicia, sin que hayan servido para descongestionar los juzgados, ni su recaudación se ha destinado a aumentar la Justicia Gratuita, tal y como la propia norma que las creó establecía, si bien aún se mantienen para PYMES, Asociaciones y ONG”, indica la Diputada de Ciudadanos (C´s).
Actualmente, se han retirado para las personas físicas, pero siguen en vigor para personas jurídicas, incluyendo a PYMES, Asociaciones y ONG’s, por lo que para éstas, siguen vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva e impiden el acceso a la justicia al constituir un gravamen desproporcionado y disuasorio que no tiene en cuenta la capacidad económica del sujeto y que en muchos casos son imposibles de asumir para PYMES y Asociaciones o les suponen, en muchos casos, una excesiva carga.
Por lo anterior, ha informado Ramírez que sus compañeros de Ciudadanos (C´s) Andalucía presentaron una Propuesta No de Ley, que fue aprobada en el Parlamento Andaluz, de derogación de las tasas judiciales a las pequeñas y medianas empresas, así como a organizaciones no gubernamentales.
La Diputada de Ciudadanos (C’s) Guadalajara Yolanda Ramírez, junto a representantes de Brigada #T.
Según Ramírez “parece contradictorio que se hable de fomentar el emprendimiento, que se indique que se quiere ayudar al pequeño y mediano empresario para que inviertan y desarrollen empresas en nuestros municipios y, por otro lado, se les quiera cobrar a la vez una Tasa para acceder a la Justicia, por ejemplo, por algo tan lógico como reclamar las deudas de aquellos que no les pagan, o que se quieran cobrar tasas a asociaciones, cuando defienden muchos de los intereses generales de los ciudadanos”.
La Diputada Provincial de Ciudadanos (C’s) que, como abogada, ha participado activamente en movimientos en defensa de la Justicia, ha resaltado que el sector legal está criticando muchas de las actuaciones del Ministro, entre otras, las últimas reformas legislativas que ha conseguido unir a todas las asociaciones de Fiscales.
En opinión de la Portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Guadalajara, estas críticas se hacen en el ánimo de construir y de que se atienda la necesidad de los ciudadanos de cualquier localidad, provincia o comunidad autónoma, de poder acceder a la Justicia en igualdad de condiciones, para que quede garantizada la justicia gratuita para los que no cuenten con recursos, así como para que el Ministerio atienda a los profesionales para que estén dotados de los medios humanos y materiales necesarios, y se pueda contar con una Justicia de calidad, al servicio de los derechos de los ciudadanos y en igualdad de condiciones.
“En definitiva, la Justicia está para resolver los problemas que afectan a los ciudadanos. Tal y como decía Justiniano, el Derecho es Justicia y en Justicia le exigimos al Ministro que lleve a cabo su iniciativa para que los ciudadanos podamos ejercer nuestros derechos en nuestra provincia en igualdad de condiciones y se dote de los medios necesarios a los profesionales”, concluye Ramírez.