La Comisión de Investigación sobre la gestión del Mercado de Abastos concluye sus trabajo apuntando a la existencia de dos posibles delitos de prevaricación presuntamente cometidos por el ex alcalde de la ciudad Antonio Román y el ex vicealcalde, Jaime Carnicero. Por ello pide en sus conclusiones finales que el Ayuntamiento dé traslado de inmediato a la Fiscalía de todo este expediente.
Las conclusiones confirman que, con la obra sin acabar, y por tanto sin recepcionar, los anteriores responsables de la gestión municipal abrieron las puertas del Mercado de Abastos al público con una empresa elegida de manera discreccional, con una denuncia de la empresa constructora que apuntaba a la “ocupación ilegal de la obra” y con una orden de desalojo por parte de la Dirección de Obra”.
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Israel Marco, presidente de la Comisión, recuerda que “el deber de cualquier representante público es velar por el estricto cumplimiento de las normas y poner en conocimiento de la Justicia cualquier irregularidad”. De esta forma, ha añadido, “el Ayuntamiento no puede cruzarse de brazos antes indicios de delitos penales y por ello traslada esta situación a la Fiscalía para que decida si hay que actuar”.
Posibles delitos de prevaricación de Román y Carnicero
El aspecto “más grave” que la Comisión ha podido comprobar es que la gestión del Mercado de Abastos se le otorgó a una única empresa de forma discrecional y por un procedimiento administrativo equivocado, por parte de un concejal sin competencias para ello.
“Lo más grave es que se ha incumplido la Ley de Contratos porque el señor Carnicero adjudicó la gestión del recinto a una empresa sin concurso ni competencia, sin pliegos y sin procedimiento reglado porque se utilizó para ello una licencia de ocupación de la vía pública que es la figura que se utiliza para la instalación de una simple mesa informativa”, ha explicado.
Por este motivo, quedando acreditado “que Jaime Carnicero actuó de forma arbitraria, de manera consciente y dando a un procedimiento erróneo apariencia de normalidad”, la comisión entiende que puede existir un delito de prevaricación según el artículo 404 del Código Penal.
Israel Marco insiste en que “ha quedado demostrado por todas las partes que existía un acuerdo previo entre el anterior equipo de Gobierno y la empresa elegida para prestar el servicio mucho antes de que finalizase la obra”.
En cuanto a la ocupación y puesta a disposición de la plaza del Mercado, la Comisión entiende que existe otros dos posibles delitos de prevaricación
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cometidos, presuntamente, por Jaime Carnicero como parte proponente y por
Antonio Román como responsable último de la firma del decreto.
Marco recuerda que la obra estaba por finalizar y que a pesar de la negativa de la Dirección de la Obra, “Román y Carnicero decidieron conceder el uso de la plaza sin haber podido demostrar que existía un interés general para ceder el espacio, más allá del interés partidista del PP a dos días de las elecciones”.
Uso electoralista de los recursos públicos de la ciudad
Uno de los aspectos en los que la Comisión fija su atención es en el “uso electoralista y partidista” de estas instalaciones municipales ya que, con la obra sin recepcionar, “el día 24 de mayo se celebró una rueda de prensa de la candidatura del Partido Popular sirviéndose de su función de Gobierno y produciéndose una inauguración de facto que acabó con una visita de la prensa al interior del Mercado con las instalaciones de hostelería ya instaladas”.
Dudas en cuanto a la seguridad
De las declaraciones de la Coordinadora de Seguridad y Salud de la Obra, así como de la empresa constructora, se desprende que en ningún momento se puso en riesgo la seguridad laboral de los empleados de la obra pero sí existen dudas relacionadas con la seguridad ciudadana durante la apertura “porque el día 24 de mayo -con el Mercado ya abierto- no estaban terminados los sistemas de protección contra incendios”.